La Policía Nacional y la Policía Local inspeccionaron apartamentos de las dos torres del rascacielos de Poniente, y el Ayuntamiento ya ha cobrado al menos cuatro multas iniciales de 50.001 euros por alquiler turístico irregular
Cerca de 40 agentes, inspecciones aleatorias en apartamentos y controles de personas y vehículos a pie de calle. La Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm llevaron a cabo el pasado viernes, 30 de octubre, un amplio dispositivo conjunto en el edificio Intempo, el rascacielos de la playa de Poniente, para detectar viviendas que se alquilan a turistas sin cumplir los requisitos legales.
El resultado llegó en apenas unas horas: los agentes detectaron al menos siete alojamientos turísticos que presuntamente operaban sin la habilitación administrativa correspondiente.
Inspecciones en las dos torres
Los agentes uniformados de ambos cuerpos realizaron inspecciones aleatorias en apartamentos de las dos torres que forman el edificio, Poniente y Levante. Al mismo tiempo, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional estableció un dispositivo de control de personas y vehículos. Según el Ayuntamiento, la operación se desarrolló con total normalidad y con la colaboración de residentes y huéspedes.
Multas de 50.001 euros
El Ayuntamiento de Benidorm asumió las competencias de inspección y sanción sobre las viviendas turísticas gracias al Decreto-ley 9/2024 de la Generalitat, que modificó la ley valenciana de turismo. Desde entonces, el Departamento de Comercio ha tramitado varias propuestas de sanción, y al menos cuatro multas, fijadas inicialmente en 50.001 euros cada una, ya han sido abonadas por sus responsables, que se acogieron a la reducción del 50% por reconocer su responsabilidad y pagar pronto.
La normativa autonómica exige, entre otras obligaciones, el llamado principio de unidad de explotación, por el que la gestión de los alojamientos sujetos a ese régimen debe recaer en un único titular responsable, algo clave a la hora de determinar quién responde por las infracciones.
También pueden llegar sanciones por seguridad ciudadana
La operación no se limita a comprobar los papeles turísticos. A partir de la documentación recogida, no se descarta abrir nuevos expedientes por no registrar o no comunicar a la policía los datos de los huéspedes, una obligación recogida en el Real Decreto 933/2021 y en la ley de seguridad ciudadana. Su incumplimiento puede considerarse infracción grave, con multas de entre 601 y 30.000 euros.
Ambos cuerpos policiales recuerdan a los propietarios y gestores de viviendas turísticas que deben conocer y cumplir la normativa de la Comunitat Valenciana, tanto en los requisitos para ejercer la actividad como en las obligaciones de registro y comunicación de datos.